“No se facturó por instrucciones verbales del Directorio de la empresa, por no tener la certeza de reconocimiento por parte del anunciante, ya que lo emitido fue excesivo, y esto traería aparejado mayor carga impositiva”. Esta fue parte de la exposición que realizó una empleada del área de Administración de Canal 10. De esa manera, explicó por qué no se facturaron los 71.656 segundos de propaganda política a favor del Partido Justicialista, emitidos entre el 1 y el 20 de agosto de 2015.

Ayer, como estaba previsto, el apoderado legal de la Sapem, Héctor Matteo, le presentó al directorio las conclusiones del sumario iniciado a fines de julio de este año. Estuvieron presentes Alejandro Laurnagaray (vicepresidente y director por el Estado provincial), Mauro Feldman (presidente y representante de la UNT) y Daniel Moeremans (UNT). Por decisión de los miembros no se trató ese tema, sino el balance de la empresa. Pero el material quedó debidamente presentado. Feldman y Moeremans presentaron sus renuncias, que aún no fueron aceptadas.

En la misma exposición, la empleada también dijo que la falta de facturación obedecía a que no estaba la “orden de publicidad firmada por el anunciante”. En total, se trataría de $ 3,6 millones.

La investigación iniciada en julio de este año pretendía deslindar responsabilidades de los empleados y responder a dos interrogantes: ¿Por qué no se habían facturado los 71.656 segundos de publicidad para el PJ? También, conocer las razones que habían motivado la denuncia de uno de los empleados en contra del director Laurnagaray. Además, el proceso del sumario incluyó una ampliación para conocer si en el lapso de un año (desde agosto de 2015) los miembros del directorio habían hecho gestiones para el cobro de la deuda. Sobre este tema, una de las conclusiones del sumario expresa: “Se advierte una clara inacción por parte del directorio (...) a los fines de lograr la firma de la orden de publicidad por los segundos emitidos; el reconocimiento de la deuda; o el cobro del monto final facturado”.

El 13 de agosto del año pasado, un empleado del área de Operaciones denunció que el vicepresidente, Laurnagaray, se había presentado en esa área y había comenzado a realizar “agregados manuales en la rutina de transmisión”. Los agregados refieren a segundos de propaganda política a favor del PJ.

En ese momento, según se cita en el sumario, se le habría comunicado al director que esto sólo podía hacerse con autorización del área comercial. Sin embargo, este dato no hizo que interrumpiera, ya que volvió a presentarse el 16, 17 y 18 de agosto, según el documento.

No sólo eso, sino que desde el área comercial confirmaron en el sumario que el vicepresidente también estaba “agregando material comercial político de forma personal”. Esto se advirtió porque había diferencias entre lo que se pautaba y lo que se cargaba, explicó el empleado en su denuncia. Todo fue puesto a conocimiento de Feldman y Moeremans en agosto del año pasado, según consta en el texto de la investigación.

Sin constancia

Un año después, el 5 de julio, el mismo empleado envió otra denuncia para dejar constancia de una nueva situación irregular en su área. Explica que se había presentado el vicepresidente para conocer “la posibilidad de borrar los datos que emite el servidor de video una vez puesto al aire”. Esto constituyó -según el denunciante- una “consulta grave y nunca solicitada por nadie”, por lo tanto consideró que debía comunicarlo.

En esa fecha todavía no se había facturado la suma total de los segundos de publicidad, incluso tampoco se lo había incorporado en el proyecto de balance de la empresa. Esta irregularidad “técnica” quedó expuesta durante una sesión del Consejo Superior de la UNT, oportunidad en la que se pidió que no se aprobara el balance hasta tanto se aclararan los hechos. Ese fue el desencadenante del sumario.

La factura recién se confeccionó el 29 de julio (a pesar de no tener la orden de publicidad firmada) y se envió una carta documento al PJ para que cancele la deuda. Según trascendió, el partido aún no pagóo lo adeudado.

Otra de las conclusiones de la pesquisa interna fue que en todo momento los empleados “actuaron cumpliendo instrucciones” y que no se intentó ocultar nada de lo sucedido. De esta manera, los deja libres de toda responsabilidad.

Como dato se agrega en el sumario que el vicepresidente “representa en la televisora al socio ‘Gobierno de la provincia’, y la publicidad en cuestión pertenece al partido oficialista y gobernante”. El gobierno maneja el 30% de esa empresa; el 70% restante, la UNT.